Se trata de un paquete normativo que soluciona el problema del déficit tarifario garantizando la sostenibilidad futura del sector eléctrico, uno de los sectores con más inversión y motor de crecimiento de la economía y al mismo tiempo protege a los consumidores domésticos más vulnerables de las subidas que se produzcan en los próximos años. Los principales elementos del plan son:
Hasta 2012 se congelarán las tarifas eléctricas para los consumidores con potencias contratadas hasta 3 KW en su primera residencia, así como a familias numerosas, los perceptores de las pensiones mínimas y aquellos hogares que tengan todos sus miembros en paro. Las empresas eléctricas asumirán el coste de la implantación de este abono social.
Las compañías también pagarán los costes derivados de la gestión de los residuos radiactivos y del combustible gastado (segunda parte del ciclo de combustible nuclear), que acumulados a lo largo del tiempo ascienden a unos 2.700 millones.
El Estado avalará hasta 10.000 millones de euros las cantidades del déficit tarifario pendientes de titulizar y los Presupuestos Generales del Estado asumirán los sobre costes de producir electricidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Beneficiarios

Consumidores y trabajadores. El bono social beneficiará de manera directa a 14,5 millones de ciudadanos. Además, este nuevo marco de mayor estabilidad jurídica y regulatoria conseguirá la reactivación de las inversiones de las empresas del sector, con el consiguiente impacto positivo sobre el empleo y la calidad del suministro.

Estado

Aprobado en Consejo de Ministros el 30 de abril de 2009.

Información adicional

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio