El objetivo es aprovechar la transposición de la Directiva de Servicios europea para efectuar una reforma estructural en profundidad del sector servicios en España que genere un fuerte impulso económico. Se modifican 47 leyes estatales, que afectan multitud de ámbitos de actividad: industria, energía, telecomunicaciones, transporte terrestre, sector ferroviario, sector postal, medio ambiente y servicios de agricultura y vivienda. En todos ellos se persigue un objetivo principal: facilitar la entrada y el ejercicio de las actividades de servicios.
Ello implica eliminar las restricciones que no estén debidamente justificadas por razones de interés general o que sean desproporcionadas. Fundamentalmente, se sustituye la figura de la autorización previa por una mera comunicación de inicio de actividad. Se simplifican procedimientos (tramitación telemática, unificación de trámites) y se establece el silencio positivo como norma general.
Destaca en el Proyecto la reforma de la Ley que regula los Colegios Profesionales, que reduce las cargas administrativas y los costes para el ejercicio de los servicios profesionales. También se suprime la función de los Colegios de fijar baremos orientativos y el visado colegial pasa a ser voluntario, salvo que lo exija un Real Decreto.

Beneficiarios

Estas reformas estructurales tendrán un importante impacto en la economía española en distintos niveles y por distintos canales.
Como resultado de todo el proceso, a nivel estatal, autonómico y local se prevé la creación de entre 150.000 y 200.000 empleos y un incremento del PIB del 1,2%.

  • Cabe esperar también que aumente la competencia en las actividades de servicios, ello provoque una reducción del diferencial de inflación de los servicios entre España y la UE, lo que, a su vez, aumente la competitividad de la economía española.
  • Los prestadores de servicios profesionales, aproximadamente un millón de profesionales, verán cómo se reducen sus cargas burocráticas.
  • Finalmente, también aumenta de forma significativa la seguridad jurídica en las relaciones entre consumidores y usuarios y prestadores de servicios.

Estado

Aprobado.
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus).

BOE de 23 de diciembre de 2009